COLOMBIA A propósito de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP CONVENIENTES PARA EL GOBIERNO, INCONVENIENTES PARA EL ESTADO Y LA NACION

Mientras en el congreso de la república continúa el debate sobre si las seis objeciones del presidente Duque al proyecto de ley estatutaria de la JEP (PLE) son válidas o no, si son constitucionales porque al presidente lo faculta la Carta Política (que lo son), o que no porque son de naturaleza jurídica (temas ya abordados por la Corte Constitucional) y porque no son de carácter económico, fiscal, político, social (esencia de las objeciones por inconveniencia); y en los mentideros políticos, la prensa hablada, escrita y audiovisual se discute que con ellas el gobierno y el Centro Democrático (CD) pretenden hacer trizas el Acuerdo de paz suscrito entre el gobierno Santos y las FARC, que ha provocado en choque de trenes entre las ramas del Poder Político, que los defensores del Acuerdo buscan la impunidad de crímenes de lesa humanidad y otros temas alrededor de este asunto no tan difícil de entender o explicar para los iniciados en las disciplinas jurídicas pero que por causa de la polarización y crispación política existente en el país, alimentadas por todos los bandos (incluidos los que dicen estar en el medio) terminó siendo un galimatías donde expertos y legos se han confundido tanto que la sociedad, destinataria final de la decisión que se adopte, está tan enredada como ignorante de qué se trata y de si al final se beneficiará con la decisión que se tome al final. En mi opinión, poco, muy poco se ha tocado quién ganará y quién perderá en esta puja entre las dos corrientes opuestas en torno al proceso de paz.

En ese orden de ideas, no me queda ninguna duda que con la presentación de las objeciones “ganó” el gobierno Duque en detrimento de un interés supremo de los colombianos: el derecho a la paz (art 22 C.N.). Veamos:

Primero, con solo haber presentado las seis objeciones al Congreso en lugar de haber sancionado la PLE, el gobierno dilató y dejó en el limbo y la incertidumbre jurídicos la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) porque habrá que esperar unos días (¿meses?) cómo se decidirá. Y esa dilación beneficia los intereses políticos electorales del CD, es decir el partido de gobierno, de cara a las elecciones regionales de este año, por dos razones: una, permite que los opositores acérrimos de la JEP la denigren más y aviven más sus masas en  contra de ella con el objetivo de quitarle legitimidad a este órgano jurisdiccional de origen constitucional; y dos, sirve para que sus candidatos a gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales y concejos municipales enarbolen la bandera “de la impunidad que nos legó Santos con este engendro comunista en connivencia con los terroristas de las FAR” para embaucar ingenuos e ignorantes electores como ocurrió en la campaña por el No del plebiscito de 2016. Los resultados son elocuentes.

Es decir, aunque no se acepten las objeciones por las mayorías del Congreso ya se han constituido, de buena o mala fe, en un medio más para desacreditar la JEP y de paso torpedear el proceso de paz y tener el pretexto de no implementarlo como lo prescribe el Acuerdo del Teatro Colón y lo demanda la inmensa mayoría de los colombianos (no los electores) y la comunidad internacional comprometida en este asunto que trasciende nuestras fronteras.

Segundo, también gana el gobierno Duque y el CD y pierde el país (Estado y nación) si las objeciones son aceptadas así sea de manera parcial,  porque se tendría que partir de cero y volver a empezar con toda la contingencia que ello encierra. En esa eventualidad y conociendo los antecedentes lo más seguro es que tendremos un nuevo proyecto de PLE presentado por el gobierno, acorde a su ideología, pero sobre todo a los intereses del CD que puede llegar a desnaturalizar la misma JEP. También puede suceder que este proyecto se retrase en su presentación y/o se dilate en su discusión y aprobación en el legislativo con las mismas consecuencias, o tal vez más funestas, para el cabal cumplimiento del proceso de paz por parte del actual ejecutivo, todo en detrimento de las necesidades de las víctimas necesitadas de justicia, paz,  reparación y no repetición, y del pueblo en general que verá de nuevo alejarse ocho años de esfuerzos por la reconciliación nacional.

Tercero, así el congreso de la República rechace todas las objeciones y devuelva el proyecto para la sanción presidencial, la sociedad colombiana ha perdido porque su órgano legislativo habrá dedicado tiempo precioso que debía emplear para el estudio, debate y aprobación de otros proyectos de ley de vital importancia para el desarrollo del país conforme a los mandatos del Acuerdo del Colón, como la reforma rural integral, o de otra naturaleza como una reforma educativa o al sistema de salud que tanto requieren el país.

Cuarto, el debate político que ha suscitado las objeciones de marras también ha afectado de manera grave la credibilidad de la cabeza de la rama jurisdiccional por cuanto la Corte Constitucional en una situación extraña se vio inmersa en un asunto que ya había despachado, la constitucionalidad del proyecto PLE: ser utilizada como órgano de consulta jurídica por el legislativo, creando confusión, suspicacias, críticas acervas que desdicen de la separación pero armoniosa colaboración entre las ramas del Poder Público en Colombia.

En conclusión, si bien  no ha habido choque de trenes entre las ramas del poder como lo vaticinaron algunos ni se ha descuadernado la estructura jurídica del Estado colombiano, está claro (clarísimo) que el gobierno y el CD han logrado su propósito; propósito que nada tiene que ver con los derechos de las víctimas o de la gente de a pie. También queda demostrado (una vez más) con el apoyo a las objeciones presidenciales que los gremios económicos que antes apoyaron el proceso de paz (La ANDI, otros), posicionándose en contravía,  de los interés de la nación (pueblo) y ésta observa con no cierta impotencia cómo sus derechos fundamentales y sus necesidades se diluyen en el océano de la corrupción que ahoga el país.

Por eso afirmo que con las objeciones que nada tienen de inconveniencia constituyen un triunfo (ojalá breve en el tiempo) del gobierno nacional a costa de una oportunidad perdida para convocar a la convergencia y la unidad de la nación y en detrimento de intereses supremos del Estado colombiano y su pueblo.

Por eso es necesario apelar a la unión de los partidos y fuerzas políticas que aún creen posible una nueva Colombia y a la movilización para defender esta oportunidad, tal vez única en este siglo, para dejar atrás la violencia política social y avanzar en la construcción de un verdadero Estado de derecho y democrático.

N.B. Este observador le pregunta a algún intelectual del Centro Democrático nos explique cómo Uribe y su partido pretenden modificar el Acuerdo de paz Santos-FARC alegando su inconformidad no porque no quieran la paz sino por estar mal hecho. ¿Acaso puede modificarse un acuerdo si una de las partes ha desaparecido o no está interesada en ello?  Acuerdo significa “Convenio entre dos o más partes”, según la RAE.

Jairo Sánchez Lara

Anapoima, 25/03/2019

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